En primer lugar, para no extenderme demasiado, me gustaría plantear en este post algunos antecedentes, el marco en el que nos planteamos esta pregunta es relevante.
Es un lugar común que los políticos ganan demasiado para el trabajo que realizan, cliché alimentado por vergonzosas situaciones como algún cargo público pillado en una presunta trama corrupta admitiendo que está en política para forrarse, y aderezado con la falta de transparencia de lo que ganan realmente a final de mes un político en activo. Sin ir más lejos, en un programa de la televisión pública que pretende ser un paradigma del acercamiento de los políticos a la ciudadanía, Tengo una pregunta para usted, el propio Rajoy, que no es un cualquiera sino aspirante a Presidente del Gobierno, era incapaz de confesar su sueldo mensual, invadido por un súbito ataque de vergüenza.
Algunos parlamentos autonómicos, así como Congreso y Senado, han aprobado leyes de transparencia en virtud de la cual los elegidos democráticamente deben hacer públicos anualmente su declaración de bienes y los ingresos declarados anuales. Tampoco es que ayude demasiado, atendiendo a las críticas que recibieron los ministros del gobierno por parte del Partido Popular, llegando incluso a airear la cuasi-delictiva sospecha de que algunos miembros del consejo de Ministros estaban poniendo sus bienes a nombre de sus familiares directos para eludir a Hacienda y a la declaración pública de bienes que les sacaría las vergüenzas de las que no se han librado políticos como Jaume Matas con su palacete mallorquín a todo lujo en el que la anécdota que ha quedado instalada colectivamente es la de las escobillas de water a 200 euros la pieza.
Con el fin de evitar esas sospechas, Javier Arenas ha propuesto que los miembros del gobierno de la Junta de Andalucía declaren su patrimonio y sus ingresos anuales, así como los de sus familiares. Una propuesta de trasparencia inédita en España, pues a esta columnista no le consta que se haya llevado a cabo en ningún Gobierno autonómicos del PP, ni en ningún Parlamento autonómico donde el Partido Popular tenga mayoría absoluta, y son unos cuantos.
Recientemente hemos conocido que Maria Dolores de Cospedal gana al año más de 240.000 euros, procedentes en su mayoría de su sueldo como número 2 en el PP (167.864 €), 43.771 € corresponden a su sueldo como senadora más 25.538 € en concepto de gastos, y otros 3.560 € de los trienios correspondientes a su puesto de trabajo en el Ministerio de Justicia. No es nuevo, ya tuvimos la correspondiente dosis de esta repetitiva polémica a cuento del sueldo de Leire Pajín, precisamente atizado por la ahora contrita Cospedal cuando es su cuenta corriente la que está en entredicho.
Es feroz crítica ciudadana que repite constantemente que los políticos no tienen ni idea de los problemas que aquejan a la gente de a pie, y que si cobraran 1.000 euros al mes y con eso tuvieran que apañarse otro gallo nos cantaría a todos, como si el hecho de que nuestros gobernantes fuesen mileuristas conllevase que entonces sí se pondrían manos a la obra para solucionar los problemas que conllevan ser mileuristas (precio de la vivienda, encarecimiento de los productos básicos, dificultad para conciliar vida familiar y laboral, baja tasa de natalidad, etcétera, etcétera). Hasta tal punto está interiorizado en la sociedad que los políticos han pasado a ser, oleada tras oleada, el tercer problema ciudadano según las encuestas del CIS. No es que sean parte de la solución: es que son parte del problema.
¿Es la política una actividad profesional bien remunerada? En determinados niveles es indudable que sí, aunque como todas las generalizaciones, es una afirmación injusta.
¿Deben los políticos dedicarse a la política por vocación de servicio público? La respuesta a esa reflexión haría de este post algo demasiado largo, así que intentaré responderla en una próxima entrada.
Artículo publicado en Catalunya Press. I també en català.
