Ante la duda, culpa a la crisis. 3 historias reales
O al euríbor, que para el caso viene a ser casi lo mismo. Os voy a contar tres historias reales. Tres historias que tienen mucho que ver con la crisis y lo absurdo de la situación actual; tres historias que quizá no sean más que meras anécdotas, pero que ayudarán a entender muchas de las escenas a las que asistimos estos días.
Historia real número 1:
Maripuchi es una persona real, que trabaja en una empresa real donde lleva realizando las mismas funciones nada menos que 12 años. Con el tiempo y el uso de las nuevas tecnologías, ella ha adquirido experiencia para realizar su trabajo con mayor soltura, rapidez y eficiencia, pero sigue haciendo las mismas funciones con el resultado de que ahora tiene 3 horas al día libres para, según sus propias palabras, “tocarse la bandurria“. Al resto de sus compañeros les ocurre lo mismo: pueden realizar las tareas asignadas en menos tiempo de lo que dura su jornada laboral, por lo que a diario les sobran varias horas para hacer el vago.
A diferencia del resto de compañeros, Maripuchi decidió informar a su superior directo de que se aburría como una ostra en horas de trabajo, y quería que le asignaran más tareas para no estar mano sobre mano durante tanto rato. No obtuvo respuesta a su petición. Sobra decir que al resto de compañeros ni se les pasó por la cabeza solicitar un aumento de su carga de trabajo: ya les iba bien poder pasarse unas cuantas horas al día cotorreando sin dar ni golpe. Todo el mundo sabe que el stress es malísimo para la salud.
Al poco tiempo, Maripuchi cambió de trabajo, fue a otro sitio donde ganaba más pero también donde podía aportar mucho más, donde sus capacidades y su experiencia estaban mucho mejor aprovechadas y donde no se aburría por falta de trabajo.
La antigua empresa de Maripuchi pidió una auditoría para conseguir reducir costes y mejorar sus procedimientos administrativos para evitar que se perdieran horas productivas, de tal forma que se consigueran reducir costes sin tener que recurrir a la reducción de plantilla. Se burlaron del auditor y le dijeron que ahorrando en post-its la empresa no iba a mejorar sus cuentas para el próximo ejercicio.
Meses después, la antigua empresa de Maripuchi presentó un expediente de regulación de empleo, y un tercio de la plantilla (un tercio de todos esos que se pasaban tres horas diarias sin dar ni golpe) se fue al paro. Le echaron la culpa a la crisis, algunos incluso dijeron que la culpa la tenía Zapatero que no ha hecho nada por evitarla.
Historia real número 2:
Marta es una persona real que trabaja en una empresa real dedicada al alquiler de coches, la más importante del mundo nada menos. Marta es jefa de equipo del turno de tarde en la segunda oficina de la empresa con mayor volumen de negocio del país. En esta empresa han robado 20 coches en 6 meses, coches nuevos, por valor de 24.000 euros el más barato. Las pérdidas están siendo astronómicas.
Pero la empresa de Marta no sólo no pone medidas para evitar que esto siga ocurriendo, sino que además el procedimiento administrativo establecido en la oficina, por un responsable de oficina que es un auténtico lumbreras, favorece que sigan habiendo robos: no se controlan las llaves de los coches, no se controla la salida del parking por personal ajeno a la empresa… un despelote generalizado, vamos.
La empresa de Marta ha perdido, haciendo una estimación a la baja, más de 80 millones de pesetas en robos en apenas 6 meses, más lo que han dejado de ganar por el robo de lo que podríamos considerar su “materia prima”, y no ha sido capaz de hacer nada para evitarlo. El comité de empresa cree que en unos meses les dirán que las pérdidas son excesivas, que no pueden asumirlas y, como siempre, su solución consistirá en aplicar recortes de plantilla. También culparán a la crisis.
Historia real número 3:
Jéssica es una clienta real enfadada porque su proveedor de internet pretende cobrarle una factura de 168 euros por el concepto “penalización por inclumplimiento de contrato por baja anticipada“, a pesar de que ella sigue siendo clienta de esta compañía y no se ha dado de baja, ni antes ni después de que venciera el contrato de permanencia.
A pesar de las numerosas y desesperantes gestiones telefónicas de las que Jéssica no puede obtener constancia, y a pesar de que la compañía admite el error al emitir la factura, le comunican que no pueden anularla y que la única solución que le queda a Jéssica es pagar esa factura incorrecta. Para su tranquilidad, le juran por el código pin de su blackberry que en los próximos recibos de ADSL le abonarán este importe. A Jéssica no le convence en absoluto esta solución, pues entiende que equivale a hacerle un préstamo a su proveedor de internet por valor de 168 euros, que la empresa se compromete verbalmente a devolverle en cómodos plazos de 29,90 sin intereses. Hasta ahí podíamos llegar.
En un momento dado, Jéssica recibe un carta de aviso de la asesoría jurídica del proveedor de internet (ya había hablado anteriormente con ellos, sin mucho éxito por lo que se ve) en la que le informan del último requerimiento de pago de esa factura incorrecta, con fecha límite un día antes de haber recibido la carta. Advierten que llevarán el expediente al juzgado más cercano y adjuntan la copia de la demanda que enviarán al juez. En la oficina de atención al consumidor informan a Jéssica de que si la demanda no está sellada por el juzgado no tiene de qué preocuparse todavía pues significa que no ha sido enviada, y que ahora el procedimiento a seguir es conminar al proveedor de internet, mediante una reclamación por escrito, a que no proceda a la demanda, adjuntando toda la documentación en poder de Jéssica.
Así que en vista de que las numerosas reclamaciones por teléfono no han surtido efecto alguno, Jéssica trata de averiguar la dirección postal a la que enviar un burofax certificado al proveedor de internet, y para ello tiene la feliz idea de llamar al teléfono de atención al cliente. En el servicio puesto a disposición del cliente (es un decir) se niegan repetidas veces a facilitarle la dirección postal para que Jéssica pueda cursar su reclamación por escrito. Inasequible al desaliento, Jéssica expone su caso en twitter, y dos amigos le pasan la información que necesita. ¡Salvada! Así que Jéssica redacta la carta de reclamación, se encamina a correos, paga los 11 euros con 95, envía el burofax certificado y queda a la espera de la respuesta.
El proveedor de internet no sólo no da respuesta a la reclamación de Jéssica, sino que persiste en su intento de cobrar una factura que sabe incorrecta, con la promesa de que le devolverán en los próximos recibos el importe cobrado de forma improcedente. Jéssica decide darse de baja de la compañía, iniciando así otro calvario administrativo, que tampoco viene al caso relatar ahora.
El caso de Jéssica no es único, y un número considerable de clientes de esta compañía decide optar por la misma solución y darse de baja. El proveedor de internet tiene a más personal realizando gestiones administrativas y de recobros de facturas improcedentes de las que su estructura de costes y su volumen de facturación aconsejarían; los costes de la asesoría jurídica se disparan al querer llevar a juicio a numerosos clientes para cobrar facturas incorrectas. Ante esta situación, la empresa decide plantear un expediente de regulación de empleo, así como ajustar los procedimientos administrativos y de atención al cliente (no hay mal que por bien no venga). Todo el mundo coincide en que es una pena que por culpa de la crisis se quede tanta gente en el paro (las cifras hablan de 550 personas), y creen que toda la culpa la tiene Zapatero.
Tres historias reales. Tres ejemplos, o quizá una pauta generalizada: ante la duda, las personas nunca son responsables de las consecuencias de sus actos o de su falta de organización. La culpa siempre es de la crisis.
